Quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana a partir de los procesos electorales de 2028.
Ciudad de México.- Entró en vigor la reforma constitucional que establece nuevas restricciones para las personas con doble nacionalidad que aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado el 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, luego de ser aprobado por el Congreso de la Unión y recibir el respaldo de 22 legislaturas estatales.
La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes busquen alguno de estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro como candidatos.
Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
La reforma también establece que, durante el ejercicio del cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni utilizar documentos de identidad expedidos por otro país.
Tampoco podrá ejercer derechos políticos correspondientes a otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Durante la firma del decreto, Sheinbaum explicó que el objetivo de la modificación es establecer con claridad que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país tengan únicamente nacionalidad mexicana.
La reforma fue inicialmente enviada al Congreso por el Ejecutivo federal y posteriormente recibió la mayoría calificada necesaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Al tratarse de una modificación constitucional, también necesitó la aprobación de al menos 17 congresos estatales, requisito que fue superado al obtener el aval de 22 legislaturas.
El Gobierno federal deberá ahora desarrollar las disposiciones legales necesarias para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad podrá acreditar su renuncia antes de registrarse como candidata.
El trámite deberá considerar tanto a las autoridades mexicanas como a las del país cuya nacionalidad se pretende abandonar.
La reforma no impide que una persona con doble nacionalidad participe actualmente en política ni afecta de manera general sus derechos como ciudadano mexicano.
La restricción estará específicamente vinculada a quienes pretendan ocupar la Presidencia de México, alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a partir de los procesos electorales contemplados desde 2028.