Tres personas recibieron una sentencia de 600 años de prisión por el secuestro agravado de 12 migrantes extranjeros, entre ellos cuatro menores de edad, quienes permanecieron retenidos y fueron sometidos a distintas formas de violencia en una vivienda de Ciudad Juárez.
La Fiscalía de Distrito Zona Norte acreditó ante el Tribunal de Enjuiciamiento la responsabilidad penal de Jairo P. Z., Daniel P. Z. y Ashley Martín T. M., quienes fueron detenidos durante el operativo que permitió liberar a las víctimas.
Las personas rescatadas eran originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá. De acuerdo con la investigación, fueron privadas de la libertad desde el 10 de junio de 2024 en un domicilio del fraccionamiento Praderas del Sol.
Durante varias semanas, los migrantes permanecieron cautivos mientras sus captores exigían dinero a sus familiares para liberarlos. Los pagos reclamados alcanzaban hasta 17 mil dólares por víctima.
La investigación estableció que durante el encierro sufrieron agresiones físicas, psicológicas y sexuales, además de amenazas dirigidas a mantener la presión sobre sus familias.
Operativo permitió rescatar a las víctimas
El cautiverio terminó el 18 de julio de 2024, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegaron un operativo en el inmueble y localizaron con vida a las 12 personas.
Los tres responsables fueron detenidos en flagrancia. Durante la intervención también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y municiones, elementos que se incorporaron a la investigación penal.
La Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía Zona Norte reunió testimonios, peritajes y demás pruebas para demostrar la participación de los acusados en el secuestro.
Después de analizar el material presentado durante el juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos dictó el fallo condenatorio y ordenó, además de la pena de prisión, el pago de una multa y de la reparación del daño a favor de las víctimas.
Migrantes, blanco de redes criminales
El caso exhibe los riesgos que enfrentan las personas en situación de movilidad durante su tránsito por la frontera, donde grupos delictivos aprovechan su vulnerabilidad para extorsionarlas, secuestrarlas y exigir rescates a familiares dentro y fuera de México.
La sentencia se suma a las acciones judiciales emprendidas contra bandas dedicadas a retener migrantes en casas de seguridad de Ciudad Juárez, uno de los delitos de mayor impacto en el corredor fronterizo.