En Ciudad Juárez, el transporte público ha sido un problema constante que impacta directamente a miles de ciudadanos que dependen de las “ruteras” para trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares. La reciente oleada de operativos de inspección implementados por la Dirección de Transporte Zona Norte ha encendido un debate crucial: ¿estamos ante una modernización necesaria o una crisis en puerta?
Los operativos, que iniciaron el pasado lunes 10 de marzo, buscan regularizar y mejorar las condiciones del transporte público en la ciudad. Según Armando Herrerías, director de Transporte en la Zona Norte, el objetivo es garantizar un servicio seguro y eficiente, algo que muchos usuarios han exigido durante años ante el evidente deterioro de las unidades y la falta de regulación en el servicio.
Sin embargo, las inspecciones han generado una fuerte reacción por parte de los concesionarios del transporte, quienes, en protesta, han suspendido el servicio en distintas rutas, afectando gravemente a la comunidad. Esta medida ha encendido las alarmas, pues deja ver la fragilidad del sistema de transporte y la falta de alternativas para los usuarios que dependen de este servicio a diario.
Ante esta situación, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha respaldado abiertamente los operativos de inspección, argumentando que es parte del trabajo de la autoridad garantizar un servicio digno. “Yo respaldo los operativos”, declaró el alcalde, reconociendo también que es una problemática que debe ser atendida por el gobierno estatal, ya que el transporte público no es competencia directa del municipio.
La postura de Pérez Cuéllar deja en claro que la prioridad es el usuario y que cualquier medida que busque mejorar las condiciones del servicio debe ser apoyada. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo garantizar una modernización efectiva sin afectar a la ciudadanía en el proceso?
El reto ahora es encontrar un equilibrio entre la regulación y la continuidad del servicio. La modernización del transporte en Juárez no puede seguir postergándose, pero tampoco puede implementarse a costa de dejar a miles de ciudadanos sin opciones de movilidad. Mientras el gobierno estatal mantiene su postura de continuar con las inspecciones, queda por ver cómo responderán los concesionarios y qué medidas tomarán las autoridades para evitar una crisis mayor en la movilidad de la ciudad.