En los últimos meses, la senadora Andrea Chávez ha intensificado su presencia en Ciudad Juárez mediante la implementación de unidades médicas móviles y la entrega de apoyos como sillas de ruedas y material geriátrico a sectores vulnerables. Estas acciones han generado un debate en torno a los límites entre la función legislativa y la ejecución de programas sociales, planteando la pregunta: ¿se trata de un esfuerzo genuino de ayuda social o una estrategia de posicionamiento con miras al 2027?
La Constitución Mexicana establece que la principal responsabilidad de un senador es legislar, analizar y aprobar leyes, ratificar tratados internacionales y supervisar la administración del gobierno federal. En ningún apartado se menciona la facultad de ejecutar programas sociales, ya que esta es una función reservada al Poder Ejecutivo.
La entrega de apoyos como sillas de ruedas o la implementación de brigadas médicas, aunque beneficien a ciertos sectores de la población, escapa del marco normativo de un senador. Estas acciones pueden interpretarse como una forma de gestión paralela que no corresponde a su cargo, lo que podría derivar en el uso indebido de recursos públicos para fines personales o partidistas.
El artículo 134 de la Constitución Mexicana establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.
Esto se implementó para evitar que funcionarios utilicen sus cargos para favorecer su imagen pública, lo que afectaría la equidad en procesos electorales.
Las recientes publicaciones en redes sociales de Andrea Chávez destacan el apoyo que ha otorgado a comunidades de Ciudad Juárez y Chihuahua, incluyendo referencias directas a su labor y al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En paralelo, se deslinda de la gobernadora Maru Campos, enfatizando la falta de atención estatal en materia de discapacidad y apoyos sociales.
Más allá del beneficio que estas acciones puedan traer a la población, es innegable que también constituyen un mecanismo de posicionamiento político. No es coincidencia que este tipo de acciones aumenten en tiempos preelectorales, lo que podría ser visto como un esfuerzo por generar simpatía antes de una posible candidatura.
El debate sobre el papel de Andrea Chávez en Ciudad Juárez no gira en torno a la utilidad de los apoyos que ha entregado, sino en si estos forman parte de sus facultades como senadora o si se trata de una estrategia de campaña adelantada. La ley es clara en que la labor legislativa no contempla la ejecución de programas sociales, y los precedentes legales muestran que acciones similares han sido sancionadas por constituir promoción personalizada.
Si el objetivo real es mejorar las condiciones de vida de los juarenses, la vía adecuada es legislar para garantizar que los programas sociales funcionen sin depender de la figura de un senador o cualquier otro funcionario con aspiraciones electorales. Lo contrario solo refuerza la percepción de que, en la política mexicana, la ayuda social sigue estando condicionada por intereses personales.