La administración juarense formalizó la denuncia por el siniestro en el centro de acopio de llantas, mientras mantiene bajo revisión los señalamientos públicos contra la legisladora Xóchitl Contreras
Ciudad Juárez.— El incendio registrado en el centro de acopio de llantas junto al relleno sanitario escaló del terreno ambiental al político y judicial. El Gobierno Municipal formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue el origen del siniestro y se determine quién o quiénes resulten responsables.
La ruta legal se activó luego de que autoridades municipales sostuvieron que el fuego no habría sido accidental. De acuerdo con los primeros posicionamientos oficiales, existen elementos técnicos y jurídicos que, a juicio del Municipio, ameritan una investigación de fondo por parte de la autoridad federal.
Desde los primeros días posteriores al incendio, el presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, adelantó que la denuncia sería integrada con todos los elementos posibles para presentarla de manera robusta ante la FGR. La administración local sostuvo que, más allá del señalamiento político, el caso debía llevarse al terreno ministerial para deslindar responsabilidades.
El frente político se abrió cuando el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y después Ortiz Orpinel, vincularon públicamente el caso con la diputada panista Xóchitl Contreras y con expresiones del PAN en torno al manejo del relleno sanitario. Entre los elementos mencionados por el oficialismo estuvieron las coincidencias entre pronunciamientos públicos y el momento en que ocurrió el siniestro.
En ese contexto, Pérez Cuéllar llegó a señalar que resultaba “mucha casualidad” que se hubiera convocado a una conferencia para hablar del tema prácticamente al mismo tiempo que se registró el incendio, postura que después fue retomada por la administración municipal al anunciar la presentación de la querella.
Incendio bajo investigación
El siniestro consumió entre 250 mil y 300 mil neumáticos, de un universo aproximado de 3.5 millones almacenados en el centro de acopio. La estrategia de separación por cuadrantes evitó, según Protección Civil, que el fuego se extendiera a la totalidad del material y que la contingencia se prolongara por semanas.
La autoridad municipal informó además que las primeras observaciones técnicas apuntaban a que el incendio pudo haber sido provocado, al señalar que una llanta no entra en combustión por sí sola y que para arder necesita una fuente de calor sostenida o algún acelerante.
A pesar de la magnitud del hecho y del cruce de acusaciones, hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por estos hechos, por lo que la investigación sigue abierta y en fase de integración.
Xóchitl rechaza señalamientos y exige pruebas
La diputada Xóchitl Contreras rechazó públicamente cualquier vínculo con el incendio y exigió que, si existen pruebas en su contra, sean presentadas ante las instancias correspondientes y no sólo en conferencias de prensa.
La legisladora sostuvo que no se puede responsabilizar a una persona sin evidencia y cuestionó que el debate público se haya desplazado hacia la confrontación política mientras seguían las labores para contener el daño ambiental y revisar las condiciones del equipamiento de emergencia.
El episodio, sin embargo, ya rebasó la discusión técnica. De un lado, el Municipio insiste en que hay elementos suficientes para que la FGR investigue a fondo. Del otro, la diputada panista sostiene que se le intenta involucrar sin sustento.
La clave ahora está en la carpeta
Más allá del ruido político, el punto decisivo será lo que logre acreditar la autoridad investigadora. La FGR tendrá que revisar peritajes, testimonios, registros, contextos y cualquier otro indicio que permita establecer si el incendio fue efectivamente provocado, cómo ocurrió y quiénes participaron.
Por ahora, el caso se mantiene en una doble pista: la de la emergencia ambiental que encendió las alarmas en Juárez y la de una disputa política que ya entró de lleno al terreno penal.