El 27 de marzo de 2023, un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez cobró la vida de 40 migrantes extranjeros que se encontraban bajo custodia. Hoy, al cumplirse dos años de aquel fatídico suceso, la comunidad juarense y las familias de las víctimas continúan exigiendo respuestas y justicia.
El incendio ocurrió en una estancia migratoria del INM, donde los migrantes estaban encerrados y bajo la responsabilidad de las autoridades migratorias. Las investigaciones iniciales señalaron que las condiciones de detención y las medidas de seguridad en la instalación eran inadecuadas, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia.
A raíz del incidente, se detuvo a dos migrantes venezolanos y a tres funcionarios en relación con el incendio. Sin embargo, Francisco Garduño, titular del INM, no fue arrestado, aunque cumplió con una serie de medidas durante un año y medio. El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, defendió a Garduño, calificando de «totalmente injusto» atribuirle toda la responsabilidad de la tragedia. Pérez Cuéllar argumentó que las responsabilidades deben distribuirse y que ha habido un exceso en contra del comisionado.
Por otro lado, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la postura de Garduño, acusándolo de intentar deslindarse de responsabilidades. Señalan que, aunque no estuvo presente durante el incidente, tenía la obligación de garantizar la seguridad de los migrantes bajo custodia del INM.
A pesar de las detenciones y procesos legales iniciados, las familias de las víctimas denuncian que, a dos años del incendio, no se ha hecho justicia plena. Critican la impunidad prevaleciente y la falta de avances significativos en las investigaciones. Además, expresan temor ante el endurecimiento de las políticas migratorias y la persistente crisis humanitaria en la región.
La tragedia de 2023 puso en evidencia las deficiencias en el sistema de detención y manejo de migrantes en México. Para la comunidad de Ciudad Juárez, este aniversario es un recordatorio de la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Es imperativo que las autoridades implementen reformas estructurales que eviten la repetición de hechos tan lamentables y que se asegure la rendición de cuentas de los responsables.
Mientras tanto, las familias de los migrantes fallecidos continúan su lucha por justicia, esperando que su clamor no quede en el olvido y que se tomen las medidas necesarias para proteger a quienes buscan en México una oportunidad para una vida mejor.