Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México anunció que presentará una denuncia formal contra el abogado del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que este señalara públicamente al gobierno mexicano de actuar como “brazo de relaciones públicas” de un cártel del narcotráfico.
La mandataria calificó estas declaraciones como “graves, infundadas y peligrosas”, y aseguró que se trata de un intento por desacreditar los esfuerzos del Estado en materia de seguridad y justicia. “No vamos a permitir que se difame al gobierno ni a las instituciones que combaten todos los días a la delincuencia organizada”, afirmó.
Además, la presidenta aseguró que su administración no tiene vínculos ni acuerdos con ningún grupo criminal y reiteró su compromiso con una política de seguridad basada en la justicia social, el combate a la corrupción y la paz.
“Estas acusaciones no solo buscan enturbiar el ambiente político, también pretenden frenar los avances que hemos logrado en la lucha contra el crimen. Pero no nos vamos a detener”, subrayó.
El señalamiento del abogado —quien representa a Ovidio Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos— ha generado una ola de reacciones entre legisladores, expertos en derecho y ciudadanos. Algunos consideran que sus palabras forman parte de una estrategia legal para deslegitimar el proceso judicial, mientras otros exigen que se investigue a fondo cualquier posible vínculo entre autoridades y el crimen organizado.
La denuncia será presentada ante las instancias correspondientes, según confirmó la Consejería Jurídica de la Presidencia. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre el proceso legal.