Un análisis de cómo las cinco administraciones previas, enfrentaron los desafíos de la migración en una de las ciudades fronterizas más importantes de México.
Ciudad Juárez ha sido testigo de algunas de las crisis migratorias más complejas de América del Norte en las últimas dos décadas. Como punto clave en la frontera entre México y Estados Unidos, la ciudad ha enfrentado flujos masivos de migrantes en tránsito, deportaciones masivas y políticas migratorias restrictivas que han puesto a prueba la capacidad de sus gobiernos locales. Bajo las administraciones de Héctor «Teto» Murguía, José Reyes Ferriz, Enrique Serrano, Javier González Mocken y Armando Cabada, la ciudad ha vivido momentos críticos que han dejado al descubierto las carencias en la atención a los migrantes y la falta de políticas integrales para abordar este fenómeno.
Durante los periodos de Héctor Agustín Murguía Lardizábal, mejor conocido como «Teto Murguía», la crisis migratoria se vio eclipsada por la violencia del narcotráfico que azotaba la región. Su primer mandato (2004-2007) transcurrió en un contexto de creciente inseguridad, donde los migrantes, tanto en tránsito como deportados, enfrentaban riesgos como la explotación laboral y el secuestro. La falta de infraestructura para albergarlos y la indiferencia gubernamental dejaron a miles de personas en la vulnerabilidad extrema. En su segundo mandato (2010-2013), las deportaciones desde Estados Unidos se intensificaron debido a políticas migratorias más restrictivas y los efectos de la crisis económica de 2008. Miles de mexicanos regresaron a Ciudad Juárez sin documentos ni redes de apoyo, lo que generó un aumento en el desempleo y la indigencia. Aunque hubo intentos de implementar programas de asistencia, estos resultaron insuficientes ante la magnitud del problema.
La administración de José Reyes Ferriz (2007-2010) heredó una situación crítica en términos de seguridad y atención a migrantes. A pesar de la creciente presión migratoria, su gobierno mantuvo la migración en segundo plano, sin desarrollar estrategias significativas para abordar el fenómeno. Las deportaciones continuaron a un ritmo sostenido y los migrantes en tránsito siguieron enfrentando condiciones precarias sin intervención gubernamental efectiva. La omisión de políticas específicas para atender la migración se tradujo en una mayor marginación de esta población, que tuvo que depender principalmente de organizaciones civiles y religiosas.
Enrique Serrano Escobar (2013-2016) llegó a la presidencia municipal en un momento de relativa estabilidad en la violencia, lo que permitió una mayor atención a otros temas, aunque la migración no fue una prioridad en su agenda. Su participación como vicepresidente de municipios fronterizos de la Federación Nacional de Municipios de México y presidente de la Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte le permitió visibilizar algunos de los desafíos migratorios, pero sin generar soluciones concretas. Los migrantes continuaron llegando a la ciudad en condiciones precarias, y aunque hubo intentos de mejorar la infraestructura de albergues, estos esfuerzos fueron limitados y carecieron de un plan integral para su atención.
El breve interinato de Javier González Mocken (2015-2016) estuvo marcado por la transición política y la continuidad de los desafíos migratorios. Su mandato no permitió la implementación de estrategias significativas, dejando a los migrantes en la misma situación de vulnerabilidad que en administraciones anteriores. Sin embargo, su gestión sirvió como un puente entre dos periodos de gobierno, en los cuales la crisis migratoria seguiría evolucionando hacia escenarios más complejos.
Bajo el gobierno de Armando Cabada Alvídrez (2016-2021), Ciudad Juárez enfrentó una de las crisis migratorias más intensas de su historia reciente. Durante su primer periodo (2016-2018), las caravanas de migrantes centroamericanos comenzaron a llegar a la ciudad con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. La incapacidad de la administración municipal para prever y responder a este fenómeno generó condiciones de hacinamiento en los albergues y una creciente tensión social. En su segundo periodo (2018-2021), el programa «Quédate en México» obligó a miles de solicitantes de asilo a esperar en Ciudad Juárez la resolución de sus casos. Esto provocó un incremento en la población migrante varada en la ciudad, lo que saturó los servicios locales y elevó los niveles de indigencia y violencia. Finalmente, la pandemia de COVID-19 exacerbó la crisis, cerrando fronteras y dejando a muchos migrantes sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Aunque el gobierno de Cabada implementó algunas medidas de apoyo, la magnitud del problema superó las capacidades municipales y evidenció la falta de coordinación con instancias federales e internacionales.
Las crisis migratorias en Ciudad Juárez han sido un reflejo de la falta de estrategias integrales y de la constante improvisación en la gestión gubernamental. A lo largo de estas administraciones, los migrantes han quedado en un limbo de vulnerabilidad, dependiendo en gran medida de la asistencia de organizaciones no gubernamentales y de la solidaridad de la comunidad juarense. El futuro de la ciudad en este tema dependerá de la capacidad de sus gobernantes para diseñar políticas que atiendan la migración desde una perspectiva humanitaria y sostenible, reconociendo que la frontera norte de México es un punto clave en la movilidad humana global.