Recientemente, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su rechazo hacia los ataques dirigidos contra la senadora Andrea Chávez, calificándolos como un evidente «golpeteo político» innecesario. Su postura surge en medio de un clima de creciente tensión, donde la oposición acusa a Chávez de incurrir en actos anticipados de campaña, señalando presuntas actividades proselitistas fuera del marco legal.
En declaraciones recientes, Pérez Cuéllar enfatizó la necesidad de distinguir entre la fiscalización legítima y la persecución mediática, llamando a la mesura y al respeto por los procesos jurídicos.
“Evidentemente hay un interés también de golpeo político que no nos parece y que obviamente no estamos de acuerdo con ese golpeo. En todo caso, si hay algo jurídico que deba revisarse, que se revise, pero no es necesario hacer escarnio en todo este golpeo. En todo caso, que se revise lo jurídico, pero no a este nivel de golpeo político, no estamos de acuerdo con eso.”, expresó el alcalde.
La política mexicana no es ajena a las confrontaciones entre partidos y figuras públicas. Sin embargo, es crucial distinguir entre críticas legítimas y campañas de desprestigio. En este caso, las acusaciones contra Andrea Chávez giran en torno a la supuesta realización de actividades proselitistas antes del inicio oficial del proceso electoral, lo que, de comprobarse, representaría una infracción grave.
Sin embargo, la postura de Cruz Pérez Cuéllar apunta a que, más allá del posible fondo jurídico, el escarnio mediático al que se ha sometido a la senadora tiene un claro tinte político. Su llamado a permitir que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes sin convertir el caso en un espectáculo mediático resuena como un mensaje de moderación y respeto por el debido proceso.
El contexto no es menor: tanto Andrea Chávez como Cruz Pérez Cuéllar han sido mencionados como posibles aspirantes a la gubernatura de Chihuahua. Esta coyuntura añade un matiz estratégico a la controversia, pues las acusaciones contra Chávez podrían formar parte de un plan orientado a debilitar su imagen pública ante un eventual escenario electoral.
La cercanía política entre Chávez y Pérez Cuéllar ha sido evidente en diversas ocasiones, lo que también podría explicar la defensa pública del alcalde. Su llamado a evitar el linchamiento político podría interpretarse como un gesto de respaldo personal, pero también como un pronunciamiento institucional en favor de un proceso político limpio y sin injerencias partidistas.
En un entorno político polarizado, la línea entre la fiscalización legítima y el uso de las acusaciones como herramienta de desgaste es fácilmente difuminable. Si bien es esencial que los servidores públicos sean responsables y transparentes, también lo es que las críticas hacia ellos se fundamenten en pruebas sólidas y no en intereses partidistas.
El llamado de Pérez Cuéllar a evitar el escarnio público resuena como un recordatorio de la importancia de preservar la integridad en el debate político. Los juicios mediáticos sin fundamentos jurídicos claros no solo perjudican a las figuras involucradas, sino que también contribuyen a la erosión de la confianza pública en las instituciones y en el proceso democrático en su conjunto.
El caso de Andrea Chávez refleja las complejidades del escenario político actual, donde las denuncias pueden convertirse en armas políticas. La postura de Cruz Pérez Cuéllar, al denunciar el golpeteo y exigir que las revisiones jurídicas se realicen sin escarnio público, es un llamado a la sensatez y al respeto por el debido proceso.
En un momento donde las tensiones electorales comienzan a intensificarse, la defensa política de Chávez por parte del alcalde no solo busca respaldar a una figura aliada, sino también abogar por un proceso democrático que se base en la legalidad y no en la persecución mediática.