La reciente detención de Carlos Alberto Vidaña Carrasco, CEO de Vitas Financial y Vitas Consulting, ha generado diversas reacciones en la sociedad chihuahuense. La diputada María Antonieta Pérez Reyes calificó esta acción como «irrelevante», argumentando que no representa una verdadera justicia para los defraudados y que, al igual que en casos anteriores, es probable que el detenido quede en libertad sin resarcir el daño a las víctimas.
La preocupación de la diputada se basa en antecedentes similares, como el caso de ARAS Business Group, donde miles de inversionistas fueron afectados por fraudes millonarios. A pesar de las múltiples denuncias y de que el daño económico supera los 19 mil millones de pesos, el principal responsable, Armando Gutiérrez Rosas, permanece prófugo desde 2021, sin que hasta la fecha se haya logrado su captura.
La frustración de los afectados es comprensible. En el caso de ARAS, se presentaron más de 6 mil querellas, pero solo se judicializaron 3 mil 498 casos, dejando a muchas familias sin esperanza de recuperar su patrimonio. Esta situación genera desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y en la eficacia de las acciones emprendidas para combatir este tipo de delitos financieros.
Es fundamental que las autoridades actúen con mayor contundencia y eficacia para evitar que estos casos queden impunes. La captura de los responsables y la recuperación de los recursos defraudados deben ser prioridades en la agenda de seguridad y justicia del estado. Además, es necesario implementar medidas preventivas que protejan a los ciudadanos de futuros fraudes financieros, fortaleciendo la supervisión y regulación de las empresas que ofrecen servicios de inversión.
La exigencia de la diputada Pérez Reyes de capturar a Armando Gutiérrez Rosas refleja el sentir de miles de chihuahuenses que claman por justicia. No basta con detener a algunos implicados; es imperativo desmantelar las redes de corrupción y fraude que operan en el estado, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y que las víctimas sean resarcidas.
En conclusión, la detención del CEO de Vitas es solo un pequeño paso en la dirección correcta, pero insuficiente si no se acompaña de acciones más amplias y decididas contra todos los involucrados en fraudes financieros en Chihuahua. La justicia debe ser integral y efectiva para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.