La reciente solicitud de licencia de la senadora Andrea Chávez Treviño ha generado diversas interpretaciones sobre sus verdaderas intenciones. Si bien la legisladora argumenta que su retiro temporal del Senado responde a una preocupación por la salud y la vivienda en Chihuahua, sus movimientos han encendido el debate sobre los límites entre el servicio público y la autopromoción política.
El anuncio de Chávez se dio en un contexto donde ha mantenido una presencia activa en eventos y acciones que, más que un trabajo legislativo, parecen encaminadas a fortalecer su imagen personal. La entrega de una ambulancia en Namiquipa y su exhorto al gobierno estatal para adherirse al programa IMSS-Bienestar son claros ejemplos de una estrategia que, en apariencia, la posiciona más como una gestora de recursos que como una senadora enfocada en legislar.
Las funciones de un senador están claramente delimitadas: crear, modificar y aprobar leyes que impacten a nivel nacional, así como supervisar la correcta aplicación de las mismas. Sin embargo, las acciones de Chávez parecen alejarse de este marco. La entrega de recursos materiales y los llamados públicos para que el gobierno estatal adopte políticas federales corresponden más a las responsabilidades del poder ejecutivo que a un legislador.
Es inevitable cuestionar si su solicitud de licencia obedece a un interés genuino por mejorar las condiciones de salud y vivienda en Chihuahua, o si forma parte de una estrategia política a futuro. En un escenario político donde la exposición mediática es clave, sus acciones parecen alineadas con una narrativa que la proyecta más allá del Senado.
Este tipo de movimientos han sido objeto de críticas en la opinión pública, pues podrían interpretarse como una búsqueda de capital político más que como una acción concreta para el beneficio de la ciudadanía. La delgada línea entre el servicio público y la autopromoción sigue siendo un tema de discusión, y en el caso de Andrea Chávez, su reciente licencia al Senado no hace más que alimentar el debate sobre si está trabajando por Chihuahua o por su propio futuro político.
El caso de Andrea Chávez no es aislado. En México, es común ver a legisladores utilizar su cargo como un trampolín para aspiraciones políticas futuras. La estrategia es clara: aumentar la presencia mediática, mostrarse cercanos a la ciudadanía con gestiones que parecen propias del poder ejecutivo y, eventualmente, justificar una candidatura a otro puesto de elección popular.
Este fenómeno ha sido visto en distintas administraciones, donde senadores, diputados e incluso gobernadores han dejado sus cargos antes de finalizar su mandato con el fin de postularse para una posición de mayor relevancia. Más allá de la legalidad de estas acciones, la pregunta es si realmente están cumpliendo con la labor para la que fueron elegidos o si simplemente están en una carrera personal por el poder.
Andrea Chávez se encuentra en una encrucijada política donde sus decisiones pueden reforzar su imagen como una gestora comprometida o consolidar las críticas de que solo busca construir una plataforma para su siguiente paso en la política. En un estado como Chihuahua, con problemas graves en materia de seguridad, empleo y desarrollo, la ciudadanía espera acciones que generen un impacto real, no solo discursos y apariciones estratégicas en eventos públicos.
El tiempo dirá si la licencia de Chávez fue realmente para servir a los chihuahuenses o si fue una maniobra pensada para escalar en su carrera política. Mientras tanto, el debate sobre la delgada línea entre el servicio público y la autopromoción sigue abierto.