Organizaciones civiles señalan que miles de víctimas permanecen fuera de los registros y continúan enfrentando amenazas incluso después de abandonar sus comunidades.
El número de personas desplazadas por la violencia en Chihuahua podría ser considerablemente mayor al reflejado en los registros institucionales, debido a que muchas familias abandonan sus comunidades sin acudir ante autoridades u organizaciones civiles.
La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi identificó cerca de 58 mil personas desplazadas en Chihuahua entre 2020 y 2025 por inseguridad, violencia o desastres, y alrededor del 90 por ciento de los casos estuvieron relacionados con condiciones de inseguridad.
Víctor Quintana Silveyra, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), advirtió que existe una importante “cifra negra”, pues organizaciones civiles únicamente tienen identificadas a alrededor de ocho mil personas desplazadas.
Explicó que numerosas familias enfrentan el problema de manera privada y evitan solicitar apoyo institucional por temor a represalias.
En algunos casos, señaló, las amenazas de grupos criminales continúan aun después de que las víctimas abandonan sus lugares de origen, particularmente cuando hacen pública su situación a través de organizaciones, medios de comunicación o redes sociales.
Entre los municipios que reciben a personas desplazadas se encuentran Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Aldama.
Los datos disponibles también muestran una importante presencia del fenómeno en municipios de la Sierra Tarahumara.
Quintana indicó que en Guadalupe y Calvo existen personas desplazadas dentro del propio municipio, además de familias procedentes de otras entidades como Sinaloa, Durango y Tamaulipas.
En Guachochi, una parte importante de los desplazamientos corresponde a habitantes de comunidades del mismo municipio, mientras que Madera recibe familias provenientes de zonas serranas y regiones cercanas a Sonora.
Morelos también destaca por recibir personas desplazadas pese a contar con una población menor, situación relacionada con su ubicación en la región conocida como el Triángulo Dorado.
El director de Cosyddhac consideró necesario establecer una estrategia conjunta entre los gobiernos federal, estatal y municipales para atender tanto a las víctimas como las causas que provocan el desplazamiento.
Señaló que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, especialmente cuando las familias abandonan un estado o municipio y buscan apoyo en otra jurisdicción.
México tampoco cuenta actualmente con una ley general específica que establezca un sistema nacional de atención al desplazamiento forzado interno, pese a diversos intentos legislativos realizados durante los últimos años.
Esta ausencia, explicó Quintana, puede generar dificultades para canalizar recursos públicos cuando una persona desplazada solicita ayuda en una entidad distinta a aquella de la que salió.
El activista sostuvo que la respuesta institucional no debe limitarse a proporcionar asistencia una vez ocurrido el desplazamiento, sino también atender las condiciones que obligan a las familias a abandonar sus comunidades.
Entre ellas señaló la presencia de grupos armados y la falta de condiciones de seguridad en determinadas regiones del estado.
También consideró que la pobreza no explica por sí sola el fenómeno, pues algunas familias atendidas por organizaciones civiles han señalado que contaban con mejores condiciones económicas antes de verse obligadas a dejar sus hogares.
Quintana planteó finalmente la necesidad de contar con mecanismos legales y presupuestales que permitan brindar atención integral a las personas desplazadas, independientemente del municipio o entidad donde busquen refugio.