Un tribunal de apelaciones levantó el bloqueo que impedía aplicar la expulsión expedita a beneficiarios de programas humanitarios; el fallo alcanza potencialmente a cientos de miles de personas, pero no ordena su deportación automática
Washington.— Una corte federal de apelaciones abrió nuevamente la puerta para que el Gobierno de Estados Unidos aplique procedimientos de deportación acelerada a migrantes que ingresaron legalmente al país mediante programas de parole humanitario, una de las herramientas migratorias utilizadas ampliamente durante la administración de Joe Biden.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resolvió el pasado 11 de agosto levantar una orden emitida por una jueza federal que había frenado la aplicación de estas medidas.
La decisión permite que agentes migratorios vuelvan a considerar el llamado “expedited removal” o expulsión expedita, mecanismo mediante el cual una persona puede ser removida del país sin pasar por el proceso ordinario ante un juez de inmigración.
El fallo podría alcanzar a cientos de miles de personas que ingresaron mediante parole, aunque la resolución judicial no establece que 750 mil migrantes deban ser expulsados ni ordena deportaciones colectivas.
¿Qué cambió con la resolución?
En enero y febrero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitieron instrucciones para que sus agentes consideraran utilizar la expulsión expedita incluso contra personas que todavía tenían parole o que habían ingresado anteriormente bajo esa figura.
Una jueza federal bloqueó esas directrices en agosto de 2025 al considerar que el Gobierno estaba modificando las reglas para personas que habían utilizado vías legales de ingreso.
Ahora, el tribunal de apelaciones anuló esa protección temporal.
Los magistrados concluyeron que las organizaciones que presentaron la demanda no demostraron que suspender las nuevas instrucciones evitaría que sus integrantes fueran sometidos a expulsión acelerada, debido a que existen regulaciones migratorias desde 1997 que ya conceden al Gobierno facultades para aplicar este procedimiento a determinados extranjeros que ingresaron con parole.
La corte aclaró que su resolución se concentró en cuestiones de jurisdicción y legitimación de los demandantes, y no determinó definitivamente si las políticas migratorias impulsadas desde 2025 son legales.
Más de medio millón ingresó bajo el programa CHNV
Uno de los principales grupos afectados por el endurecimiento migratorio corresponde a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, beneficiarios del programa conocido como CHNV.
Entre 2022 y principios de 2025, aproximadamente 532 mil personas de esas cuatro nacionalidades obtuvieron permisos temporales para ingresar a Estados Unidos a través de este mecanismo.
El Gobierno de Donald Trump puso fin al programa y posteriormente avanzó en la cancelación de las protecciones otorgadas a sus beneficiarios.
Sin embargo, el litigio que ahora resolvió el tribunal de apelaciones tiene un alcance más amplio, ya que también involucra a personas admitidas mediante otros mecanismos de parole, incluidos migrantes que fueron autorizados a ingresar por puertos fronterizos.
Por ello, diversas estimaciones colocan en cientos de miles el universo potencialmente expuesto al procedimiento acelerado, pero la sentencia no establece una cifra específica de 750 mil personas ni determina que todas ellas serán deportadas.
Deportación acelerada reduce intervención de los tribunales
La diferencia principal entre una expulsión expedita y un proceso migratorio ordinario se encuentra en el tiempo y las posibilidades de defensa.
En un procedimiento convencional, el caso puede ser presentado ante un juez de inmigración, donde el extranjero tiene oportunidad de argumentar por qué considera que cuenta con derecho a permanecer en Estados Unidos.
La expulsión expedita permite que autoridades migratorias resuelvan determinados casos directamente, sin una audiencia ordinaria ante un juez.
Organizaciones defensoras de migrantes han advertido que este mecanismo reduce el tiempo disponible para buscar representación legal, recopilar documentos o presentar pruebas.
La Justice Action Center, una de las organizaciones involucradas en el litigio, informó que continuará impugnando tanto las directrices emitidas en 2025 como las regulaciones de 1997 utilizadas por el Gobierno para justificar las expulsiones aceleradas.
No significa deportación inmediata para todos
La resolución tampoco implica que todos los migrantes que alguna vez recibieron parole perderán automáticamente cualquier otro trámite o protección que hayan obtenido posteriormente.
Algunas personas han solicitado asilo, ajustado su situación migratoria o iniciado procedimientos para obtener otro tipo de protección dentro de Estados Unidos.
Cada expediente deberá analizarse de acuerdo con las circunstancias y el estatus actual del migrante.
El fallo representa, sin embargo, una nueva victoria para la estrategia migratoria de la administración Trump, que ha buscado ampliar las facultades para acelerar deportaciones y reducir el número de casos que permanecen durante años en las cortes migratorias.
En junio, el mismo Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ya había permitido al Gobierno extender el procedimiento de expulsión acelerada a determinados migrantes encontrados en cualquier punto de Estados Unidos que no puedan demostrar una permanencia continua de al menos dos años.
La nueva resolución aumenta ahora la presión sobre quienes ingresaron mediante parole y todavía no cuentan con un estatus migratorio permanente.