La reciente aprobación en el Senado de la reforma constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México marca un hito en la protección de la soberanía alimentaria y la biodiversidad del país. Al modificar los artículos 4 y 27 de la Constitución, la iniciativa reconoce al maíz como un elemento de identidad nacional y garantiza su preservación frente a intereses privados y transnacionales.
Más allá de su impacto ecológico y cultural, esta reforma también es un recordatorio de cuál debe ser la función principal del Senado: legislar en favor de la sociedad. En un escenario donde algunos legisladores han adoptado roles más operativos que parlamentarios, esta votación reafirma la importancia de que el Senado priorice la creación y discusión de leyes, dejando de lado el protagonismo individual.
Tras la aprobación de la reforma, la senadora Andrea Chávez celebró el resultado en sus redes sociales con un mensaje cargado de simbolismo:
«Queda aprobada la reforma constitucional para proteger nuestro maíz, orgullo, identidad y sustento de quienes fueron, somos y serán mexicanas y mexicanos. En sus granos hay esfuerzo, trabajo duro, pasión y mucho amor por México.»
Con estas palabras, Chávez destacó el valor del maíz como un pilar cultural e histórico del país. Su mensaje refuerza la idea de que este alimento es más que un cultivo: es identidad, tradición y resistencia. Aunque su respaldo a la reforma fue visible, este logro no debe atribuirse a un solo actor político, sino a un proceso legislativo que representa el verdadero trabajo del Congreso.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada con 97 votos a favor y 16 en contra en lo general, y 88 votos a favor y 17 en contra en lo particular. Sin embargo, la reforma aún debe superar un último obstáculo: la aprobación en al menos 17 de los 32 congresos estatales para que entre en vigor.
Este será el siguiente reto para quienes defienden la soberanía alimentaria del país. La presión social y política será clave para garantizar que el poder legislativo actúe con independencia y cumpla su función más importante: legislar en beneficio de la ciudadanía.