El cruce diario entre Ciudad Juárez y El Paso ha sido, por décadas, la rutina de miles de trabajadores fronterizos que buscan una oportunidad en el lado estadounidense. Sin embargo, una nueva preocupación surge entre la comunidad migrante: la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) colabore con las autoridades migratorias en operativos para identificar y sancionar a quienes laboran sin autorización en Estados Unidos.
Recientemente, voces políticas han sugerido que el IRS debería compartir información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detectar a personas que trabajan sin documentos o que utilizan datos fiscales falsos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Aunque, hasta ahora, la agencia recaudadora se ha mantenido al margen de la persecución migratoria, el debate sobre su papel en la frontera genera incertidumbre.
Miles de juarenses cruzan diariamente con visas B1/B2, las cuales están destinadas a turismo y negocios, pero en muchos casos se utilizan para trabajar de manera informal en sectores como la construcción, el servicio al cliente y el mantenimiento. Hasta ahora, la principal preocupación de estos trabajadores ha sido evitar controles migratorios sorpresivos de ICE o posibles denuncias en sus lugares de empleo. Pero si el IRS comienza a colaborar activamente con el gobierno en redadas migratorias, la situación podría volverse más delicada.
Uno de los mayores riesgos es que el IRS maneja datos fiscales que incluyen nombres, direcciones y empleadores de personas que, aunque sin permiso de trabajo, pagan impuestos mediante un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Aunque esta información, según la ley, está protegida y no debería compartirse con agencias migratorias, existen excepciones que permiten su uso en investigaciones criminales, incluyendo fraudes de identidad.
Si el IRS accede a facilitar información a ICE, los trabajadores que han utilizado números de Seguro Social falsos o documentos inexactos podrían ser blanco de operativos. Esto no solo pondría en riesgo su empleo, sino que también podría derivar en detenciones y deportaciones, afectando directamente a miles de familias en la frontera.
El endurecimiento de las medidas migratorias mediante la cooperación del IRS traería consigo un impacto profundo para la comunidad juarense que depende del empleo en El Paso. En términos legales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría considerar a ciertos trabajadores como inadmisibles para futuras visas o residencias permanentes bajo la Sección 212(a)(6)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que sanciona el uso indebido de documentos.
Además, los empleadores que han dependido por años de la mano de obra fronteriza podrían enfrentar auditorías más estrictas y sanciones por contratación irregular, lo que afectaría tanto a empresas como a la economía local de El Paso, que históricamente ha estado ligada a la fuerza laboral de Juárez.
Aunque la propuesta de involucrar al IRS en la identificación de migrantes sin documentos aún no se ha convertido en una política formal, su sola mención ha generado temor en la comunidad fronteriza. La incertidumbre sobre el acceso a información fiscal y su posible uso en redadas migratorias podría modificar el comportamiento de miles de trabajadores, generando una crisis económica y social en la región.
Para los juarenses que cruzan diariamente, conocer sus derechos y mantenerse informados será clave en los próximos meses. Los expertos legales recomiendan evitar el uso de documentos falsificados y asesorarse sobre sus opciones migratorias para evitar riesgos innecesarios. Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno estadounidense en su intención de frenar la migración laboral sin afectar a la comunidad binacional que ha sostenido la economía de la frontera durante generaciones?