A la sombra de la frontera entre México y Estados Unidos, donde las maquiladoras y los albergues para migrantes cuentan historias de esperanza y dificultades, se desarrolla otra narrativa: una de impunidad, injusticia y un sistema judicial que parece proteger a los poderosos mientras falla a los más vulnerables.
Esta es la historia de la “justicia de puerta giratoria”, un término utilizado para describir cómo los funcionarios y figuras influyentes a menudo evaden la responsabilidad por sus acciones. La frase se ha convertido en un grito de guerra para los críticos que argumentan que el sistema legal de México está diseñado para proteger a las élites, dejando que los ciudadanos comunes carguen con las consecuencias de sus fallas.
La reciente casi absolución de Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), ha reavivado la indignación aquí. Garduño fue investigado por negligencia en relación con el incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez en marzo de 2024, que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos. A pesar de las evidencias de fallas sistémicas bajo su supervisión, un juez determinó que Garduño no podía ser responsabilizado penalmente por la tragedia.
“Este es el viejo sistema de justicia en acción: protegiendo a los suyos”, dijo María Antonieta Pérez Reyes, diputada estatal y presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes. “Cuando se trata de responsabilizar a los funcionarios por negligencia, hay un patrón de impunidad que es difícil de romper”.
Pérez Reyes no está sola en su frustración. En toda Ciudad Juárez, una ciudad acostumbrada a la violencia y la desigualdad, el fallo ha generado enojo y desilusión. Para muchos, es un recordatorio de que la justicia en México a menudo depende de quién eres y a quién conoces.
El fenómeno de la “puerta giratoria” no es exclusivo de México, pero aquí opera con una eficiencia alarmante. Los funcionarios acusados de corrupción, negligencia o incluso delitos graves a menudo enfrentan investigaciones largas que no llegan a nada. En algunos casos, son detenidos brevemente, solo para ser liberados por tecnicismos o falta de pruebas. Otros nunca enfrentan cargos.
Por ejemplo, tras el motín en el Cereso No. 3, una prisión estatal en Ciudad Juárez donde murieron 10 custodios en 2023, ningún funcionario de alto rango ha sido responsabilizado. Roberto Fierro Duarte, el exfiscal general del estado que supervisaba el sistema penitenciario en ese momento, no ha sido investigado, y mucho menos acusado.
“Es un sistema diseñado para protegerse a sí mismo”, dijo Pérez Reyes. “Los poderosos se cuidan entre sí, mientras que el resto de nosotros sufrimos las consecuencias”.
Las consecuencias de este sistema fallido las sufren más quienes menos pueden permitírselo. Las familias de los migrantes que murieron en el incendio de 2024 todavía esperan respuestas y justicia. Aunque el INM ha pagado indemnizaciones a algunas de las familias de las víctimas, muchas sienten que el dinero no puede compensar la pérdida de sus seres queridos.
De manera similar, las familias de los custodios asesinados en el motín del Cereso han quedado en el limbo. A pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que el gobierno estatal pague reparaciones, no se ha ofrecido ninguna compensación.
“El estado está luchando con uñas y dientes para no pagar”, dijo Pérez Reyes, refiriéndose a las batallas legales lideradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. “Es una vergüenza”.
Ante estos fracasos, hay un creciente llamado a reformas profundas en el sistema judicial de México. Pérez Reyes y otros legisladores están presionando para que se endurezcan las leyes sobre negligencia y malas conductas de los funcionarios públicos, así como para una mayor transparencia en la investigación y persecución de casos.
“Las leyes deben cambiar”, dijo Pérez Reyes. “Si no responsabilizamos a los funcionarios, estamos enviando un mensaje de que sus acciones, o inacciones, no importan”.
Pero el cambio no será fácil. El sistema judicial de México está profundamente arraigado, con intereses poderosos que trabajan para mantener el statu quo. Por ahora, la “puerta giratoria” sigue girando, y los habitantes de Ciudad Juárez se preguntan si la justicia será algo más que una promesa vacía.
A pesar de los desafíos, hay señales de que la marea podría estar cambiando. El debate nacional en curso sobre la reforma judicial ha renovado la atención sobre el tema, y los movimientos sociales están exigiendo rendición de cuentas a sus líderes.
Para las familias de las víctimas, la lucha por la justicia está lejos de terminar. “No nos detendremos hasta que alguien sea responsabilizado”, dijo la hermana de uno de los custodios asesinados en el motín del Cereso. “No pueden simplemente barrer esto bajo la alfombra”.
En Ciudad Juárez, una ciudad que ha soportado tanto, la esperanza de un futuro más justo sigue viva, pero es una esperanza matizada por las duras realidades de un sistema que demasiadas veces falla a quienes más lo necesitan.