En el discurso de la Cuarta Transformación, los pueblos originarios han sido presentados como el corazón de la identidad nacional, guardianes de la historia y pilares fundamentales en la construcción del México actual. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿los compromisos del gobierno con estas comunidades se traducen en cambios reales o siguen siendo solo gestos simbólicos sin impacto a largo plazo?
Recientemente, la diputada Edith Palma y la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, realizaron una visita a la comunidad indígena Guasachique, en la Sierra Tarahumara, para entregar cobijas ante la temporada invernal y gestionar apoyos adicionales. Este tipo de acciones, aunque necesarias, han sido criticadas en otras ocasiones por representar soluciones temporales a problemas estructurales. La entrega de ayuda inmediata es valiosa, pero ¿qué pasa con las condiciones de vida de estas comunidades una vez que las cámaras y los discursos se van?
El gobierno de la 4T ha destacado diversas iniciativas que buscan beneficiar a los pueblos originarios, como la restitución de tierras a comunidades rarámuris en Chihuahua, la inversión en infraestructura artesanal en Oaxaca y el fortalecimiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, persiste el cuestionamiento sobre si estas acciones responden a un verdadero cambio en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas o si son simplemente herramientas políticas para mantener el respaldo de estos sectores.
Uno de los mayores retos que enfrentan las comunidades indígenas no es solo el acceso a recursos básicos, sino el reconocimiento efectivo de sus derechos y autonomía. La falta de acceso a servicios de salud de calidad, la precariedad en la educación y la marginación económica siguen siendo barreras que, a pesar de las promesas de la 4T, no han sido superadas. Mientras se celebran avances como la construcción de caminos en zonas rurales, aún persisten problemas graves como la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la falta de consultas reales para la implementación de proyectos de infraestructura.
En la narrativa de la 4T, los pueblos originarios han sido colocados en un papel simbólico de grandeza y resistencia, pero la transformación real no puede limitarse a discursos o eventos esporádicos. La clave está en generar políticas públicas sostenibles que no solo atiendan emergencias, sino que impulsen la autonomía y el desarrollo a largo plazo.
El compromiso con las comunidades indígenas debe ir más allá de la entrega de apoyos invernales o de la reivindicación simbólica de su importancia en la historia de México. Si la Cuarta Transformación realmente quiere marcar una diferencia, necesita garantizar que la inclusión de los pueblos originarios en su agenda no sea solo un eslogan, sino una realidad tangible que transforme su día a día. En el caso de Guasachique y muchas otras comunidades en el país, el verdadero cambio aún está por verse.